El pasado 8 de Mayo de 2019 entró en vigor el nuevo Código Deontológico aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía, y debo decir que he echado de menos que se incluyera en el mismo una referencia expresa a la mediación.

El artículo 12 de dicho Código establece que el abogado siempre que sea posible debe intentar una conciliación de los intereses en conflicto.

En mi opinión, ese precepto podría haber ido un poco más lejos, y haberse adentrado en los métodos de resolución alternativa de conflictos entre los que se encuentra la mediación, ya que al igual que el médico debe ofrecer al paciente todas las opciones terapéuticas alternativas a la cirugía por ser ésta traumática, el abogado debe informar al cliente de cuales son todas las posibles soluciones a su conflicto legal antes de acudir a un proceso judicial. Una de ellas es la mediación, que viene a ser como una rehabilitación, y que en muchas ocasiones tiene una eficacia definitiva y evita el mal trago de tener que pasar por el quirófano, con los riesgos que como el juicio conlleva.

La mediación es esa “rehabilitación” a la que hay que invitar al paciente de forma previa al juicio.

Es por ello por lo que he echado en falta en la renovación del Código Deontológico, recoger como una obligación ética del letrado, informar al cliente de la existencia de todos los medios alternativos a la resolución de su conflicto que tiene a su disposición, entre los que se encuentra la mediación.

Sólo así podrá decirse que el abogado cumple con sus deberes éticos, y sólo así podrá entenderse que el consentimiento del cliente prestado al letrado es un “Consentimiento Informado”, esto es, una voluntad emitida tras haber sido informado de todas las soluciones posibles a su conflicto.

Por fin, el pasado 2 de enero de 2019 ha sido aprobado el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación.

Sin duda se trata de un gran avance, y va a suponer una mejora para toda la sociedad ya que por un lado la ciudadanía va a ser informada sobre la mediación y podrá por tanto conocer esta herramienta antes de decidir la manera en que resolver su conflicto, y por otro lado, va a ayudar a descongestionar los Juzgados , muchos de ellos colapsados.

Y es que, con esta nueva norma, en determinados asuntos de carácter civil y mercantil, será necesario que las partes acudan de manera obligatoria a una sesión informativa sobre la mediación, seis meses antes de iniciar el proceso judicial.

Esos asuntos o materias son las siguientes:

  • Medidas a adoptar en un proceso de separación, divorcio, nulidad matrimonial.
  • Responsabilidad por negligencia profesional.
  • Sucesiones.
  • Conflictos entre socios y/o con órganos de administración de las sociedades mercantiles.
  • Reclamaciones por responsabilidad extracontractual que no sean accidentes de circulación.
  • Derechos reales sobre cosa ajena.
  • Propiedad horizontal y Comunidad de Bienes.
  • Reclamaciones de cantidad inferiores a 2000 euros.
  • Protección del derecho al honor, intimidad ola propia imagen.
  • Determinados procesos arrendaticios.
  • Contratos de distribución, agencia, franquicia.

Por tanto, esta nueva normativa introduce una obligación mitigada , ya que si bien no impone la obligación de acudir a un proceso de mediación propiamente dicho antes de acudir a la vía judicial, sí que obliga a que las partes al menos asistan a una sesión de carácter informativo en la que se les expondrá en qué consiste esta herramienta de resolución de conflictos, cual es su procedimiento , y cuáles son sus ventajas.

Sin duda, cuando entre en vigor esta nueva Ley, que lo hará en un periodo de tiempo de unos tres años, ciudadanos y profesionales de la Justicia, saldremos claramente beneficiados.